Profesional de Apoyo Jurídico – Área Jurídica Regional, Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota

Objetivo del cargo

Resguardar el cumplimiento de la normativa jurídica de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, a través de la asesoría jurídica-administrativa a el/la Secretario/a Regional Ministerial de Educación y a las distintas áreas, unidades y Departamentos Provinciales de Educación bajo su jurisdicción, y del control jurídico de los actos administrativos que emanen del funcionamiento de la Institución, propendiendo a la satisfacción de los/as usuarios/as y al cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Educación en los Niveles Regional y Provincial.

Funciones del cargo

Asesorar a el/la Secretario/a Regional Ministerial de Educación y a las distintas áreas, unidades y Departamentos Provinciales de Educación en temas jurídicos, propendiendo a la eficiente gestión de la Institución.

Actualizar a el/la Secretario/a Regional Ministerial de Educación y Jefaturas Regionales respecto de la normativa jurídica vigente.

Colaborar con la gestión que se deriva del funcionamiento de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, en materias jurídicas y administrativas.

Establecer coordinaciones periódicas con la División Jurídica del Nivel Central con el fin de informar acerca del trabajo del Área Jurídica Regional.

Atender a usuarios/as internos/as y externos/as, según requerimientos de la Jefatura.

Ejecutar otras tareas asociadas al ámbito de competencia del cargo, según las necesidades del servicio.

Perfil del Cargo

Los siguientes elementos componen el Perfil del Cargo y servirán para evaluar a los/las postulantes.

Perfil requerido

Debido a la naturaleza y funciones del cargo, será requisito contar con Título Profesional de Abogado/a, otorgado por la Excelentísima Corte Suprema de Chile.

Debido a la naturaleza y funciones del cargo, será deseable contar con:

Postgrados (Doctorado o Magíster), Licenciaturas, Postítulos, Diplomados y/o Capacitaciones, estas últimas dentro de los últimos 5 años, en Gerencia y Gestión Pública, Normativa de la Administración del Estado, Normativa Educacional, Derecho Administrativo, Justicia Procesal Penal, Probidad, Sistemas de Información, Computación e Informática, y/o áreas afines.

Experiencia sector público / sector privado

Al menos un (01) año de experiencia laboral desempeñando funciones en el área jurídica en Instituciones del ámbito público y/o sector privado dentro de los últimos 10 años.

Al menos un (01) año de experiencia laboral en el ámbito público, desempeñando cargos de Asesoría Legal dentro de los últimos 10 años.

Competencias

Competencias Específicas

Características, conductas, capacidades y/o habilidades que deben poseer las personas debido a las exigencias propias de las funciones de su cargo y el contexto en que se desarrolla su trabajo.

NOMBRE COMPETENCIA

DEFINICIÓN

1. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

Habilidad para integrar, coordinar, y monitorear las diversas acciones involucradas en un proceso o trabajo. Implica la capacidad para realizar seguimiento al cumplimiento de las tareas delegadas y propias, generando acciones correctivas en virtud de la adecuación a objetivos y estándares establecidos.

2. TOMA DE DECISIONES EFICAZ

Habilidad para tomar decisiones de forma independiente y eficaz, dentro de las normativas y atribuciones del cargo, considerando sus repercusiones.

3. CAPACIDAD DE GESTIÓN

Habilidad para lograr los objetivos y metas establecidas, con la calidad y eficacia requeridas.

4. PENSAMIENTO ANALÍTICO

Capacidad de entender y resolver situaciones a partir de desagregar sistemáticamente sus partes; realizando comparaciones, estableciendo prioridades, identificando secuencias temporales y relaciones causales entre los componentes.

5. ORIENTACIÓN A LA CALIDAD

Garantiza y promueve acciones tendientes a mantener altos estándares de calidad en la ejecución de su trabajo, cautelando el cumplimiento de los que se han definido institucionalmente.

Contexto del Cargo

De acuerdo al Artículo 23º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Secretaría Regional Ministerial es el órgano desconcentrado de cada Ministerio existente en cada una de las Regiones del país. Conforme a ello, y según lo estipula el Artículo14º de la Ley Nº 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación, éste se desconcentrará funcional y territorialmente en Secretarías Regionales Ministeriales.

En este sentido, la estructura general definida por el Ministerio de Educación para las Secretarías Regionales Ministeriales se compone por las siguientes áreas o unidades funcionales:

Gabinete Regional.

Área Jurídica Regional.

Área Auditoría Interna Regional.

Área Comunicaciones Regional.

Área Atención Ciudadana Regional.

Área Reconocimiento Oficial Regional.

Unidad Pago de Subvenciones Regional.

Departamento de Administración Regional.

Departamento de Educación Regional.

Departamento de Planificación Regional.

Departamentos Provinciales de Educación.

El/la Secretario/a Regional Ministerial de Educación corresponde a un cargo Directivo de Exclusiva Confianza, de alta responsabilidad que posee dependencia jerárquica-administrativa y técnica-funcional de el/la Subsecretario/a de Educación, quien es la Autoridad Superior del Servicio.

La Secretaría Regional Ministerial de Educación, es la encargada de “planificar, normar y supervisar el desarrollo del proceso educativo en los establecimientos ubicados en su territorio jurisdiccional, cautelando el cumplimiento de los objetivos y políticas educacionales y su correcta adecuación a las necesidades e intereses regionales”, según lo estipula el Artículo 15° de la Ley mencionada anteriormente, de acuerdo a los lineamientos estratégicos desprendidos del Nivel Central y el  marco normativo del Ministerio de Educación.

En este contexto, el/la Asesor/a Jurídico Regional, se encarga de colaborar con la Secretaría Regional Ministerial de Educación en los Niveles Regional y Provincial, salvaguardando el cumplimiento de la normativa jurídica, asesorando y apoyando la gestión que se desprende del funcionamiento natural de la Institución, propendiendo a la legalidad de todos los actos administrativos.

Requisitos generales

Requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señalados en el artículo 12 del la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo:

Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.

Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente.

Tener salud compatible con el desempeño del cargo.

Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley. Para aquellos cargos regidos por esta ley en los que se exija tener licencia de educación media, se entenderá que cumplen dicho requisito las personas con discapacidad mayores de 18 años que acrediten haber completado sus estudios en la modalidad de educación especial. Todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el decreto Nº 83, de 2015, del Ministerio de Educación, que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica o la normativa que lo reemplace.

No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones. Con todo, conforme lo establecido en el artículo 121 de este Estatuto, no será necesario el cumplimiento de dicho plazo cuando así lo determine el respectivo fiscal.

No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro II, del Código Penal.(Cambio vigente desde el 15.10.2013, según Ley 20.702).

No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado:

Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM o más, con el Servicio.

Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Ser director, administrador, representante y socio titular del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.

Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive.

Hallarse condenado/a por crimen o simple delito.

Requisitos Específicos

De acuerdo al DFL N° 2/2016 del Ministerio de Educación para dicho grado y estamento, se requiere:

Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente.

A este respecto, de acuerdo con la jurisprudencia emanada por la Contraloría General de la República, la experiencia profesional será contabilizada desde la fecha de titulación que indique el respectivo Título Profesional, acompañando además del referido certificado que acredite expresamente dicha experiencia ejerciendo funciones profesionales.

Lo anterior, de conformidad con el criterio establecido por el Órgano Fiscalizador, que se encuentra contenido en el dictamen N° 27.067, de 2018, de la Contraloría General de la República en donde se expresa que: “En efecto, la indicada experiencia profesional no puede ser acreditada con la mera posesión de un título profesional, pues se requiere comprobar el ejercicio efectivo de la profesión en cuestión. Para mayor abundamiento, tampoco puede comprobarse el desempeño de la respectiva carrera con un certificado de cotizaciones, si hubiese sido acompañado, toda vez que ese documento solamente atestigua el abono de imposiciones para efectos previsionales, lo que, incluso, se puede efectuar de manera voluntaria.”

En este sentido es dable señalar que los certificados de institutos de previsión en que el interesado haya efectuado imposiciones no podrán ser considerados como válidos para estos efectos, toda vez que el Órgano Contralor las utiliza exclusivamente en casos que requiera contrastar información contenida en los respectivos certificados de experiencia profesional.

Cabe destacar que será responsabilidad del propio postulante adjuntar el o los certificados que acrediten la experiencia profesional. Aquellos postulantes que no adjunten los antecedentes requeridos para contabilizar los años de experiencia profesional no continuarán en las siguientes etapas del certamen.

Documentos requeridos

Copia Cédula de Identidad

Copia de certificado que acredite nivel Educacional, requerido por ley

Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados

Copia de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral

Certificado Situación militar al día (Obligatorio solo para los hombres)

Etapas de selección

Calendarización del proceso