Abogado(a) litigante, Procuraduría Fiscal de Concepción

Objetivo del cargo

Defender los intereses del Estado, sus instituciones y/o Fisco, litigando y compareciendo en la Corte Suprema, tribunales superiores, tribunales ordinarios y especiales y en el Tribunal Constitucional, y prestar asesoría jurídica a los órganos del Estado en las materias que se le asignen.

Funciones del cargo

1. Asumir la representación, conducción y control de los procesos judiciales de cualquier naturaleza que le sean asignados por su jefatura, en los que el Estado, sus instituciones y/o el Fisco tenga interés, conforme a las orientaciones, estrategias e instrucciones generales y particulares definidas e impartidas por su jefatura y, cuando corresponda, por los respectivos Comités y Consejo Pleno.

2. Asesorar a los servicios descentralizados en los juicios en que el Consejo decida no asumir su representación, prestando apoyo en la estrategia judicial y en el envío de escritos modelos.

3. Preparar propuestas de respuestas a consultas de autoridades, particulares o servicios de la administración central o descentralizada, para la aprobación del abogado/a procurador/a fiscal o la autoridad del Consejo de Defensa del Estado que corresponda y atender los requerimientos de los/as usuarios/as en relación con las causas que le hayan sido asignadas.

4. Intervenir en las negociaciones de transacciones, conciliaciones u otros equivalentes jurisdiccionales relativos al término de juicios en que tenga interés el Estado, sus instituciones y/o el Fisco, realizar el correspondiente seguimiento a la aprobación del Consejo y tramitar el cumplimiento de dichos acuerdos.

5. Evacuar informes y minutas para Consejo y/o Comités y asistir a las sesiones que correspondan, cumpliendo las tareas que le sean encargadas en dichas sesiones.

6. Redactar las minutas y todas las comunicaciones necesarias para dar cuenta, requerir e informar lo pertinente en relación con los juicios o asuntos asignados.

7. Informar y comunicar oportunamente a su jefatura cualquier dificultad que se presente y que afecte el cumplimiento de sus funciones, si no ha sido posible solucionarlas de manera directa.

8. Asistir a alegatos en tribunales superiores, audiencias en tribunales y reuniones en Fiscalías del Ministerio Público cuando corresponda.

9. Realizar estudios de antecedentes, solicitando al/la usuario/a o servicio requirente la información necesaria, en los plazos que le indique su jefatura y/o la normativa interna del servicio.

10. Confeccionar minutas y redactar escrituras públicas en los plazos que le indique su jefatura y/o la normativa interna del Servicio.

11. Participar en reuniones internas de coordinación de causas y realizar charlas de justicia preventiva generales a los/as usuarios/as o servicios requirentes, cuando así lo encomiende su jefatura.

12. Mantener actualizados los sistemas de tramitación de causas asignadas, informando al procurador/a o quien designe su jefatura, para su correcto registro. Ello no obsta a que el abogado/a litigante registre la información requerida como apoyo a la gestión, además de cumplir oportunamente con el registro de información en cualquier otro sistema que le sea solicitado.

13. Revisar los plazos de las causas a su cargo, verificando el correcto registro por parte del equipo de soporte jurídico y asegurando su cumplimiento.

14. Proponer las bajas de las causas terminadas, cumpliendo los requisitos que indique el compendio respectivo y considerando la calificación de la causa.

15. Solicitar las diligencias receptoriales de las causas que tramita, informando al receptor/a interno o a quien esté encomendado en la procuraduría respecto de gestiones con el receptor externo, aquellos datos necesarios para la correcta ejecución de la diligencia.

16. Gestionar el cumplimiento oportuno de las tareas de Comités y/o Consejo en el sistema de tramitación correspondiente.

17. En caso de ausencias, podrá reemplazar a los integrantes de su equipo para garantizar la continuidad de las tareas.

18. Las demás funciones que la jefatura determine en el ámbito de su competencia.

Perfil del Cargo

Los siguientes elementos componen el Perfil del Cargo y servirán para evaluar a los/las postulantes.

Perfil requerido

Título de Abogado/a.

Deseables postgrados, postítulos y/o cursos en Derecho Penal. Solo se ponderarán los realizados a contar del año 2016 (con excepción de los postgrados, en caso de que acredite, respecto de los que no se considerará fecha tope). Se excluyen participaciones en seminarios, charlas y/o talleres.

Experiencia sector público / sector privado

Deseable al menos 2 años de experiencia ejerciendo funciones específicas como abogado/a litigante en materias penales, desde la obtención del título profesional.

Competencias

Manejo de tecnologías de la información y comunicación: Capacidad para utilizar, gestionar y aplicar de manera efectiva y responsable, las herramientas, sistemas tecnológicos, dispositivos digitales, aplicaciones de comunicación y en el entorno laboral en el que se desempeña.

Conocimiento de los procedimientos internos de Tribunales, Corte y/o Ministerio Público: Se refiere al conocimiento de la dinámica interna, regulaciones, responsables por áreas, entre otros, de los Tribunales y/o Fiscalías del Ministerio Público asignados a su Procuraduría.

Tramitación judicial e instrucciones generales de litigio internas del CDE: Se refiere al conocimiento de derecho procesal para la tramitación adecuada de los juicios a su cargo, así como las instrucciones generales de litigio internas del CDE.

Elaboración de informes jurídicos: Capacidad para elaborar un informe en derecho, considerando la recopilación, análisis y síntesis de la información proporcionada por el usuario o servicio requirente y la normativa aplicable, doctrina y análisis de jurisprudencia. Adecuada redacción al evacuar los informes en derecho.

Administración de causas: Se refiere a las destrezas requeridas para planificar y organizar eficientemente las causas a cargo, de modo de asegurar el cumplimiento de los procedimientos y plazos establecidos.

Representación judicial, definición de estrategias y dirección de procesos judiciales: Conocimientos y habilidades necesarias para asumir la representación de los juicios del Estado, como demandante, querellante o demandado. Supone la capacidad para planificar, definir y elaborar la estrategia para una acción o defensa judicial efectiva, procurando obtener los mejores resultados, considerando el análisis de los antecedentes recopilados para la causa. Incluye la coordinación y control del ejercicio y tramitación judicial.

Comunicación jurídica oral y escrita: Habilidad utilizada por abogados/as para litigar en juicios orales, usando la terminología legislativa y técnicas adecuadas. Asimismo, capacidad de expresar las ideas claramente en documentos que tengan la estructura, organización, gramática y terminologías jurídicas conformes al estilo institucional.

Innovación: Capacidad para generar ideas y soluciones creativas que agreguen valor, proactividad en la mejora continua y uso estratégico del conocimiento. Incorpora herramientas tecnológicas y considera la transformación digital como una oportunidad para optimizar procesos y servicios.

Contexto del Cargo

La misión institucional del Consejo de Defensa del Estado es asesorar y defender los intereses del Estado de Chile y sus organismos, a través de acciones tanto judiciales como extrajudiciales, para la protección de los bienes fiscales y patrimonio histórico y cultural del país; la persecución de la corrupción y el resguardo del ordenamiento jurídico.

Se trata de un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica, bajo la supervigilancia directa del Presidente de la República e independiente de los diversos Ministerios.  El Consejo de Defensa del Estado posee 17 Procuradurías Fiscales, ubicadas en las regiones del país en que tienen asiento las Cortes de Apelaciones.

Requisitos generales

Requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señalados en el artículo 12 del la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo:

Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.

Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente.

Tener salud compatible con el desempeño del cargo.

Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley. Para aquellos cargos regidos por esta ley en los que se exija tener licencia de educación media, se entenderá que cumplen dicho requisito las personas con discapacidad mayores de 18 años que acrediten haber completado sus estudios en la modalidad de educación especial. Todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el decreto Nº 83, de 2015, del Ministerio de Educación, que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica o la normativa que lo reemplace.

No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones. Con todo, conforme lo establecido en el artículo 121 de este Estatuto, no será necesario el cumplimiento de dicho plazo cuando así lo determine el respectivo fiscal.

No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro II, del Código Penal.(Cambio vigente desde el 15.10.2013, según Ley 20.702).

No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado:

Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM o más, con el Servicio.

Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Ser director, administrador, representante y socio titular del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.

Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive.

Hallarse condenado/a por crimen o simple delito.

Requisitos Específicos

Título profesional de abogado/a otorgado por una universidad chilena o en el extranjero revalidado/reconocido en Chile.

Documentos requeridos

Copia Cédula de Identidad

Copia de certificado que acredite nivel Educacional, requerido por ley

Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados

Copia de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral

Otros (Currículum vitae actualizado (Propio))

Etapas de selección

Calendarización del proceso